ALGO “HUELE MAL” caso Procurador y Jueza Miriam Germán…

Santo Domingo, RD.- La autorización para la interceptación telefónica a un juez de la Suprema Corte de Justicia tiene que ser solicitada por el Procurador General de la República al presidente de ese tribunal, quien designará a un juez de instrucción especial del mismo órgano, por tener un grado de jurisdicción privilegiada.
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Así está contemplado en el artículo 154 de la Constitución de la República, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley.

Mientras, según el artículo 192 del Código Procesal Penal se requiere autorización judicial para la interceptación, captación y grabación de las comunicaciones, mensajes, datos, imágenes o sonidos transmitidos a través de redes públicas o privadas de telecomunicaciones por el imputado o cualquier otra persona que pueda facilitar razonablemente información relevante para la determinación de un hecho punible, cualquiera sea el medio técnico utilizado para conocerlas.

Indica también que para esos casos se procede conforme a las reglas del allanamiento o registro.

La medida de interceptación de comunicaciones tiene carácter excepcional y debe renovarse cada treinta días, expresando los motivos que justifican la extensión del plazo y la resolución judicial que la autoriza debe indicar todos los elementos de identificación de los medios a interceptar y el hecho que motiva la medida.

También se tiene un conjunto de reglamentaciones variadas, tanto Resoluciones de la propia Suprema Corte de Justicia, como del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Atribuciones
El referido artículo 154 de la Constitución estable que es exclusividad de la Suprema Corte de Justicia conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República; a senadores, diputados y jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Igualmente, contempla que es exclusividad de la Suprema Corte, también conocer en una instancia de las causas a los jueces del Tribunal Constitucional; ministros y viceministros; Procurador General de la República, jueces y procuradores generales de las cortes de apelación o equivalentes; jueces de los tribunales superiores de tierras, de los tribunales superiores administrativos y del Tribunal Superior Electoral, Defensor del Pueblo; a miembros del Cuerpo Diplomático y jefes de misiones en el extranjero, entre otros funcionarios.

Interceptación a número telefónico de Miriam Germán fue solicitada después de muerte de ingeniero.

La autorización de interceptación telefónica de que fue objeto el teléfono de la magistrada Miriam Germán, presidenta de la Segunda Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, fue solicitada de forma “urgente” por el procurador adjunto e inspector general, Bolívar Sánchez, alegando que por la vía normal la autorización podía tardar 24 horas y “sería frustratorio ya que los malhechores podrían haber coordinado la acción criminal”.

La solicitud se hace constar en una comunicación que Sánchez le hiciera a la juez coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Oeste el 24 de noviembre de 2018, como parte del proceso de investigación que hacía a un presunto narcotraficante, quien alegadamente tenía varias llamadas, entrantes y salientes, al número de la magistrada. Sin embargo, para la fecha de la solicitud, el hombre, identificado como Richard Miguel Gloss Ovalles y/o Richard Molina Ovalles estaba muerto.

El presunto narcotraficante, que había fingido su muerte y quien posteriormente se suicidó en noviembre de 2018, fue quien le construyó una villa a la magistrada en San José de Ocoa.

“La presente solicitud tiene carácter de urgente, en virtud de que mediante inteligencia se ha podido determinar que estas herramientas con probabilidad serán utilizadas en la coordinación de crimen organizado basado en la calificación jurídica provisional dada a la investigación, también de no ser autorizada de manera urgente se podría perder las informaciones producidas por estos NÚMEROS TELEFÓNICOS, ya que por la vía normal la orden para ser confeccionada puede tardar más de 24 horas, y sería frustratorio ya que los malhechores podrían haber coordinador la acción criminal que por demás es de crimen organizado. Así mismo el procesamiento de esta orden luego de estar en manos del ministerio público tarda más o menos cuatro horas en procesarla, por lo que es de vital importancia obtenerla de manera urgente a los fines de un debido proceso de investigación”, establece la comunicación.

Ayer, el inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, aclaró que fue él quien solicitó la intervención de varios teléfonos en el marco de una investigación por narcotráfico, y que al establecerse que uno de esos números correspondía a esta magistrada, decidió no ejecutar dicha orden, por lo que nunca recibió ningún tipo de información, ni registros de llamadas de la magistrada Germán”.

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