GUILLERMO MORENO ANALIZA juicio Odebrecht

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Lic. Luis Henry Molina, está sometido a una prueba crucial. Se ha develado su participación como coordinador de la campaña, en el 2016, del senador Tommy Galán, uno de los encartados en el expediente de Odebrecht, en curso de conocimiento en ese alto tribunal.

Tratándose de la cabeza del Poder Judicial, nunca debió esperar que esta información se difundiera por los medios de comunicación, sino que motu proprio, debió presentar su inhibición. Voy más lejos. Lo correcto es que el actual presidente de la SCJ se inhiba de conocer y juzgar en el caso Odebrecht. Su presencia será un elemento contaminante del proceso, por sus vínculos políticos manifiestos en el partido gobernante y particularmente con la facción de Danilo Medina.

Lo que más sorprende es el silencio del Ministerio Público. Si esto fuera un juicio de verdad y el Ministerio Público fuera realmente independiente, es a éste a quien correspondería, en primer lugar, requerir la inhibición del presidente de la SCJ, a fin de evitar que su acusado, en este caso el Senador Tommy Galán, sea juzgado por un juez que tiene manifiestos afectos y vínculos que ponen en tela de juicio su imparcialidad.

Pero este es apenas el inicio del proceso penal del más grande robo público jamás cometido en el país y que, lamentablemente, trascenderá más por sus irregularidades y ausencias que por sus aciertos.

Y no puede ser de otra manera. Lo primero que lo afecta es el mamotreto de investigación hecha por el procurador general de la República, como base de la acusación penal.

Llama la atención que el Ministerio Público asumió como una verdad no cuestionada, la confesión hecha por la empresa delincuente que fijó en 92 millones de dólares el monto de los sobornos. Cualquier investigador hubiera tomado esta información apenas como un dato para ser profundizado. La confirmación de que esa empresa, además de corrupta, también mintió sobre el monto de los sobornos, queda evidenciada en las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre los 62 pagos hechos en la planta termoeléctrica de Punta Catalina, por un total de 39 millones de dólares.

Recuérdese que, en el caso de la termoeléctrica de Punta Catalina, el presidente Danilo Medina, en violación de la Constitución y las leyes, en un típico acto de usurpación de funciones y de obstrucción de la Justicia, creó por decreto una comisión paralela de investigación, sin protesta alguna por el Ministerio Público. Como era de esperarse la comisión no encontró sobrevaluación ni irregularidades. Uno se pregunta ¿Y dónde pondrán la cara todos los que se prestaron a certificar la pulcritud de la adjudicación y presupuestos de Punta Catalina? El procurador, luego de la revelación de los nuevos sobornados, tampoco ha hecho esfuerzo alguno para dar a conocer sus nombres.

Las dos mayores ausencias de la investigación de los sobornos de Odebrecht es no haber investigado la sobrevaluación de las obras y la exclusión de sus beneficiarios claves.

Odebrecht financió a candidatos presidenciales para contar con su favor para la inclusión, en el presupuesto anual de las obras de infraestructura a construir. Asimismo, la empresa se encargaba de sobornar a ministros para asegurarse los concursos de adjudicación, la aprobación de los préstamos de financiamiento de las obras y sus adendas en el Congreso, y finalmente las empresas que certificaron la ejecución de las obras.

El descaro de la investigación del procurador general llegó a los términos de ignorar las adendas a los presupuestos originarios. Estas adendas fueron el mecanismo de sobrevaluación utilizado por Odebrecht. Para tener una idea examinemos algunos ejemplos. La Hidroeléctrica de Pinalito originalmente contratada por 132 millones, por las adendas ascendió a 361 millones, para una sobrevaluación de 230 millones de dólares. La Hidroeléctrica de Palomino, originalmente concertada en 225 millones, por efecto de las adendas terminó en un costo total de 595 millones, con un incremento de 370 millones de dólares. El acueducto Hermanas Mirabal, originalmente contratado por 50 millones y aumentado a 168, con un incremento de RD$118 millones de dólares. El corredor Duarte, cuyo contrato originario fue de 164 millones y terminó con un valor de 293 mil millones, con un incremento de 129 millones de dólares. La carretera Bávaro-Miches cuyo contrato original se firma en 265 millones y termina con un presupuesto de 370 millones, con un incremento de 105 millones de dólares.

¿Qué puede explicar que el procurador general no investigara todos estos casos de sobrevaluación y sus beneficiarios? Muy sencillo: no podía hacerlo sin involucrar a Leonel Fernández, Danilo Medina, Reinaldo Pared, Cristina Lizardo, Abel Martínez, Gonzalo Castillo, Rubén Bichara, entre otros. El procurador general prefirió garantizarle impunidad a este grupo de corruptos antes que llegar al fondo de estos graves casos de enriquecimiento ilícito a costa del patrimonio público. Si eso no es complicidad, entonces ¿qué lo será?

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