Criterios para declarar un caso complejo y establecer el tiempo de la prisión preventiva

SANTO DOMINGO, RD.- El juez de la Instrucción, José Alejandro Vargas, dictó tres meses de prisión preventiva contra siete de los 11 encartados en el expediente Operación Antipulpo, que vincula a dos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, a un entramado para estafar al Estado.

En adición, el magistrado aceptó dar la calificación de caso complejo solicitado por la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aunque no accedió al pedido de un año de prisión que demandaba el organismo acusador, como medida de coerción, para la mayoría del grupo.

La declaratoria de un caso complejo en la justicia dominicana no se deriva de la magnitud del hecho que se juzga, sino del grado de dificultad para llevar a cabo la investigación, de acuerdo con la modalidad criminal.

Según las reglas de procedimiento para asuntos complejos, contempladas en los artículos 369 y siguientes del Código Procesal Penal, el juzgador da la calificación cuando existe pluralidad de hechos, un elevado número de imputados o víctimas, dificultad para la recopilación de las pruebas o cuando se trata de un caso de crimen organizado o terrorismo, explica el abogado penalista Félix Damián Olivares Grullón.

Cuando un caso se declara complejo permite, además, mecanismos extraordinarios de pruebas, la extensión de plazos según la complejidad del proceso, y le aprueba que la parte acusadora utilice herramientas como la asignación de actores bajo reserva de identidad, o los llamados agentes encubiertos.

El artículo 370 establece un plazo máximo de duración del proceso de cuatro años y el acordado para concluir el procedimiento preparatorio es de ocho meses, si se ha dictado prisión preventiva o arresto domiciliario, y de 12 meses si se ha dictado cualquier otra de las medidas de coerción previstas por la ley.

Asimismo, el Código Procesal Penal estipula la participación de acusadores adjuntos, es decir, de expertos que son contratados para colaborar en la misma condición del Ministerio Público en los procesos de enjuiciamiento.

La declaratoria de caso complejo también contempla disponer de una modalidad de criterio de oportunidad para los imputados, conocida como delaciones premiadas.

“Se trata de una persona que teniendo una participación significativamente inferior con relación a la de los jefes, decide colaborar y desafiliarse de la actividad criminal y sus informaciones son utilizadas para desmantelar a la organización completa”, apunta el jurista.

Este criterio se aplicará “siempre que la acción penal de la cual se prescinde resulte considerablemente más leve que los hechos punibles, y deberá ser autorizada por sentencia del juez o tribunal competente.

Tiempo de la prisión preventiva

Sobre la decisión del juez José Alejandro Vargas de no aceptar al pedido de un año de prisión que demandaba el organismo acusador, como medida de coerción en contra de los imputados en la Operación Antipulpo, el abogado Olivares Grullón dijo que en términos prácticos el que le haya impuesto 12 o tres meses, significa lo mismo, en el entendido de que toda resolución de prisión preventiva se revisa de manera periódica.

“Aunque el impusiera un año de prisión preventiva, en marzo eso iba a ser revisado, de manera que, dentro de tres meses podrá renovarse o no la prisión preventiva. Va a ser revisada, sustituida, confirmada, renovada, es decir, el juez va a evaluar la necesidad de mantener o no esa medida”, sostiene el jurista.

Sin embargo, explicó que lo que decidirá el tiempo de la medida cautelar es la evaluación que haga el juez sobre qué tan adelantada está la investigación, qué tantos méritos existen para que concluya la investigación o qué tanta dificultad pudiera existir para que hubiera un cierre y un requerimiento definitivo, sea de archivo del expediente o de acusación.

Continuarán las investigaciones

Tras lograr la prisión preventiva de siete de los 11 implicados en la Operación Antipulpo, la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que las pesquisas seguirán su curso hasta alcanzar todos los tentáculos de la red de corrupción tejida alrededor de Alexis Medina Sánchez, acusado de corrupción contra el Estado.

Dijo que el Ministerio Público tendrá tres meses para demostrar con sus indagatorias y evidencias que el entramado corrupto se benefició de los vínculos con el poder político para hacer negocios por casi cinco mil millones de pesos. Según el expediente, Juan Alexis Medina creó una serie de empresas de carpeta para beneficiarse como suplidor del Estado durante la gestión presidencial de su hermano, Danilo Medina.

Además de Alexis Medina, fueron enviados a prisión los exfuncionarios Francisco Pagán, Fernando Rosa y Aquiles Cristofer Sánchez. También para los presuntos testaferros o prestanombres Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.

Mientras que el juez dictó prisión domiciliaria contra la también hermana del exmandatario, Carmen Magaly Medina Sánchez, quien era funcionaria pública, y el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; así como para el excontralor Rafael Antonio Germosén.

El alegado testaferro Domingo Santiago Muñoz fue dejado en libertad condicionada a presentación periódica, decisión que el Ministerio Público estudiará si solicita una revisión.

 

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