EN LA SEGUNDA VUELTA DEL PEPCA, El Penco no se queda…

SANTO DOMINGO, RD.- La monotonía del caso Odebrecht podría romperse a principios de año con la inclusión de otros exfuncionarios en el expediente por sobornos y sobrevaluación de obras; y el sometimiento de algunos miembros de la Cámara de Cuentas por supuesta obstrucción de justicia.

Y es que las contradicciones en los informes de la investigación especial realizada en el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), especialmente respecto a la fecha salida de campo de los auditores, “tiende a la nulidad de los trabajos de la experticia”, y “colocan en una situación en extremo vulnerable y delicada” al presidente de la CC Hugo Álvarez Pérez, según documentos a los que tuvo acceso Hoy.

Los interrogatorios que inició la procuraduría anticorrupción (Pepca) con Álvarez Pérez y otros miembros de la CC para determinar si hubo ocultamiento de irregularidades en la auditoría realizada a las obras contratadas por Obras Públicas con Odebrecht, continuarán el 6 de enero, justo el día de “los Santos Reyes”.

Un lío y no de ropa

Es lo que hay en la cámara con el informe de la investigación especial practicada a los proyectos de obras contratados por Obras Públicas entre el 7 de marzo del 2002 y el 14 de abril del 2014, del cual hay seis versiones. Cinco de ellos indican que los técnicos salieron del campo en octubre del 2019; y uno, que fue el 25 de agosto del 2020.

Esas contradicciones habrían impedido a la Dirección Jurídica de la cámara realizar sus trabajos, por tratarse de una violación de orden público y cumplimiento obligatorio para los auditores gubernamentales, “que afectaría todo el proceso de la investigación y los plazos para el ejercicio de réplica de los funcionarios y demás actores del proceso”.

Debido a eso, el Pleno de la CC decidió remitir la cuarta versión del informe de marras a la Dirección de Auditoría con una serie de recomendaciones, para que lo analice, corrija y lo reenvíe de nuevo a Jurídica.

Sin embargo, Auditoría solo corrigió lo referente a la fecha de salida del campo de los auditores, consignando como “real” la del 25 de agosto del 2020.

“No se expresa sobre las causas que determinaron la presunción de legalidad contenidas en su cuarto informe” que son contrarias al contenido del segundo; ni del porqué “de las situaciones eximentes de responsabilidad en beneficio de los funcionarios públicos actuantes sin que se hayan suscitados situaciones que las determinen”, observó Jurídica, y devolvió el informe a Auditoría, pero por otras razones.

La devolución esta vez fue porque Auditoría la tramitó a través de dos formatos distintos: uno físico, con visos de legalidad, y el otro digital a través del Sistema de Información Gubernamental (SIGOB) “mediante comunicación en formato elaboración, sin código, sin fecha y sin la firma del director de Auditoría”, lo que, de acuerdo con Jurídica, lo invalidaba legalmente.

Cuando finalmente Auditoría regularizó la remisión del cuarto informe, Jurídica hizo la observación de que en ese momento se encontraba apoderada de dos (2) informes relativos a la investigación especial de que se trata, “que serían los informes quinto y sexto, en los cuales se evidencian diferencias en el contenido y conclusiones”.

 

Comments

Powered by Facebook Comments