LA FIANZA Y EL HÁBEAS CORPUS “GRANDES ALIADOS” de corruptos dominicanos…

SANTO DOMINGO, RD.- HABLANDO DE DERECHO. LA FIANZA Y EL HÁBEAS CORPUS, dos aliados de la corrupción en Rep. Dominicana. Extraído del artículo de Wilfredo Mora y Ulises Jiménez, escrito en la Revista Ahora número mil 296, de fecha 10 de marzo el año 2003. Escribieron los analistas. Citamos. Tradicionalmente los procesos judiciales que se emprenden contra funcionarios y ex funcionarios gubernamentales acusados de corrupción, terminan en una libertad bajo fianza o en un diluido juicio sobre hábeas corpus. OIGA Y VEA AUDIOVISUAL PODCAST AQUI…

Los entendidos en la materia definen ambas instituciones jurídicas como el amparo para escudar a aquellas personas que han metido la mano más allá de sus bolsillos en perjuicio del Estado, aprovechando incorrecciones de procedimientos en los expedientes de los involucrados.

La libertad provisional bajo fianza y el hábeas corpus son instituciones consagradas en nuestra Carga Magna como parte del atributo que le asiste al Estado de asegurar la libertad individual. A veces el hábeas corpus conlleva la decisión de otorgar la libertad provisional bajo fianza. Este tiene su origen en el derecho anglosajón y ha sido añadido a nuestro sistema jurídico como el derecho que tienen los ciudadanos de no ser privados de sus bienes, de su libertad o de su vida., sino en virtud de una legítima sentencia y conforme a la ley. Su proceso es rápido y expedito, lo que facilita que el inculpado, en tiempo récord, goce de libertad.

Aunque la cuestión fundamental, tanto en el hábeas corpus como en la libertad provisional bajo fianza, es la legalidad de la prisión y por otro lado posibilitar la libertad sin atender a la gravedad del hecho, que no impide la posibilidad de ser favorecido por este privilegio de la ley. El asunto pasa a una dimensión mayor cuando se relaciona al fenómeno de la corrupción o cuando los involucrados resulten ser delincuentes políticos.

Hay que recordar que el delito político mueve hacia posiciones progresistas en una sociedad concreta, no así el delito de corrupción, muy difícil de tipificar por tratarse de una conducta ilícita de enriquecimiento que hunde sus raíces en lo más profundo del poder. A esta corrupción se debe el aumento exorbitante de la pobreza, el auge galopante del narcotráfico y el círculo ampliado de la violencia política.

Existen dos niveles en la discusión sobre los temas aquí tratados. En primer lugar, el nivel ciudadano, porque al relacionarlo advertimos que concitan un vivo interés de parte de la población, ya que la gran mayoría de casos corresponden a delitos de peculado, que como se sabe se refieren a formas de apropiación o uso de bienes o dinero del Estado, sea que incurra en él una persona determinada o que lo permita a terceros.

En segundo nivel, el técnico, la precaución se mantiene sobre cuáles personas deben beneficiarse de la libertad bajo fianza y sobre el carácter obligatorio que ésta tiene en materia correccional. Y en el hábeas corpus, la forma de juicios para establecer la legalidad o ilegalidad de la prisión, que en nuestra realidad cada vez más se aleja de los principios que consagran la Constitución y el Código Penal, dado que quienes son favorecidos suelen ser aquellos que pertenecen al reticulado del poder compuesto por políticos, militares y empresarios.

En estos días la celebración de juicios para la averiguación de la legitimidad de conceder libertad provisional bajo fianza a conocidos sujetos involucrados en casos de corrupción administrativa continúa apellidada a los que detentan el poder, así lo señalan muchos juristas entre los que citan Yottin Cury hijo y Juan Miguel Castillo Pantaleón. Estos indican que es un asunto muy diferente cuando la solicitan acusados que han conocido la vida lujosa por estar en el gobierno y disponen de grandes recursos económicos, a diferencia de cuando toca a aquellos desventurados que sólo dependen de un abogado de oficio y cumplen una prisión muy por encima del delito cometido.

En la practica la libertad bajo fianza y el recurso de Hábeas corpus no cumplen sus verdaderas funciones. Dejando fuera del análisis las conocidas especificaciones técnico judiciales, esconden la verdadera cara de la corrupción administrativa, porque hay quienes creen que todavía la justicia dominicana está supedita a las decisiones y querencias de los gobiernos. Sea cual fuera el partido que esté en el poder, ésta se va a evidenciar en muchas de las decisiones tomadas en los diferentes tribunales.

Opiniones de dos juristas.

Los juristas Jottin Cury hijo y Juan Miguel Castillo Pantaleón opinaron sobre el tema. Cury Hijo expresó: “En la práctica, el hábeas corpus no cumple su finalidad en la mayoría de los casos, porque se dilata mucho y se convierte en un juicio de fondo y, normalmente, cuando se logra la excarcelación, no sé qué pasa, el expediente se paraliza. Dijo, además, que tanto el hábeas corpus como la libertad bajo fianza funcionaran rápido en aquellas personas con recursos suficientes para costear los gastos, sin embargo, no sucede así con aquellos que dependen de un abogado de oficio y cumplen con la prisión muy por encima del delito que hayan cometido.

Los casos de corrupción administrativa son ventilados por vía de la justicia, pero no siempre y no todos terminan en una sentencia definitiva y justa. Muchos de ellos se ven frustrados por la intervención política partidarista, específicamente del Poder Ejecutivo.

“El problema de la sociedad dominicana tiene que ver con la madurez. Nuestras instituciones siguen siendo frágiles, muy débiles, y para poder subsanar todo eso tenemos que estar en un constante cambio. Lo que es perenne no está sujeto a cambio y por eso es que nunca he sido partidario de una justicia vitalicia, sentenció Cury hijo.

En tanto que, Castillo Pantaleón expresa que el sistema judicial dominicano está sujeto a las decisiones y querencias de los gobiernos, cual que sea el partido que esté en el poder; y esto se evidencia en muchas de las decisiones tomadas en los diferentes tribunales.

Castillo Pantaleón afirma que en nuestro país existe un sistema judicial que adolece de tres problemas fundamentales: debilidad histórica de la justicia; desigualdad social y un Poder Judicial vinculado al político y al empresariado.

“La solución de casos que vinculan a sectores de jerarquía político militar empresarial, ejemplo: los caos de Orlando Martínez, Darío Gómez y Narciso Gonzáles, no hay espacios para resolverlos, porque las estructuras judiciales no permiten eso, comenta Castillo Pantaleón.

Los males que acarrea la corrupción.

La corrupción es un fenómeno político, social y económico de carácter mundial que la opinión pública percibe como el enriquecimiento ilícito utilizando los recursos del Estado y el abuso del Poder. No obstante, en el ámbito internacional, se define como el “uso de una posición pública para la adquisición de beneficios ilegales”. Sin embargo, la corrupción engloba mucho más que eso. Es un mal que toca y devora todos los aspectos que estructuran una sociedad, sin importar su nivel de desarrollo ni las circunstancias sociopolíticas en que se encuentre. Se trata de todo un engranaje sistemático diseñado para la realización de actos ilícitos, a los fines de obtener algún determinado beneficio.

Este problema no es de carácter reciente ni local. Se tiene conocimiento de que en nuestro país los primeros actos de corrupción se remontan al período de la Conquista y Colonización del “nuevo mundo”. Atravesando por toda nuestra historia colonial, hasta llegar a los tiempos actuales de la República, este flagelo ha formado parte intrínseca de nuestro diario vivir. Podríamos afirmar, pues, que la “cultura de la corrupción” ha estado arraigada en nuestro país desde su origen, manteniéndose y fortaleciéndose con el transcurso del tiempo.

Asimismo, la República Dominicana no escapa a la realidad regional que la envuelve. El cáncer de la corrupción está tan avanzado en las democracias de América Latina, que difícilmente podrá ser extirpado -o al menos controlado- sin el uso de medidas drásticas por parte de los gobiernos y de la cooperación de la comunidad internacional. Este flagelo ha tenido como secuela el aumento de la pobreza y el debilitamiento del sistema democrático en dicha región; razón por la cual, sus países miembros han establecido como tema principal de su agenda, la “Lucha Contra La Corrupción” en todas sus dimensiones.

Basado en estas orientaciones, surge, como una iniciativa de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Convención Interamericana Contra la Corrupción, firmada el 29 de marzo del año 1996, en Caracas, Venezuela. Dicha convención establece los medios de cooperación indispensables en la lucha contra los actos de corrupción y promueve la actividad internacional para prevenirla, detectarla y sancionarla.

La Convención Interamericana contra la corrupción propone que para combatir con eficacia y eficiencia la corrupción, los países deben aunar esfuerzos, brindándose, mutuamente, toda la cooperación que sea necesaria. No obstante, el establecimiento de esta cooperación se verá dificultado si el ordenamiento legal vigente en los Estados no se adecua a las exigencias de este instrumento. Es por ello, que la misma convención obliga a los Estados que la firmen a realizar todas las acciones legislativas necesarias para poder adecuar su legislación, en especial la penal.

En tal sentido, la legislación penal dominicana, la cual data del año 1810, no se adecua por completo a las exigencias de este convenio internacional, por lo que debe ser actualizada, tomando en consideración los delitos descritos por la CICC.

Finalmente, la presente investigación, busca dar luz sobre la obligatoriedad de dicha adecuación legal, la forma en la que ha de realizarse y los puntos críticos que deben ser considerados a la hora de adaptar el tipo penal que describa estas conductas.

Para el logro de nuestros objetivos, analizaremos la esencia de ese mal que llamamos corrupción, abordando su naturaleza, causas y consecuencias, origen y evolución, hasta tocar los casos concretos que han tenido lugar en nuestros tribunales. Posteriormente, realizaremos un breve análisis sobre la Política Criminal, marco desde el cual parten todas las decisiones gubernamentales para controlar y sancionar la criminalidad, tratando a su vez, lo concerniente al sistema de justicia penal, a través del cual concretiza la política sus acciones.

Daremos también, un breve vistazo a la legislación interna que rige y sanciona actualmente la materia, para poder así luego analizar, los pormenores relativos a la obligación de tipificar los delitos propuestos por la CICC, desembocando en la tipificación de dichos delitos.

Culminamos realizando una propuesta de los delitos de corrupción -ya tipificados-que, según nuestra humilde opinión, deben ser incluidos en nuestro ordenamiento jurídico penal a los fines de dar cumplimiento a nuestros compromisos internacionales adquiridos al ratificar la CICC.

 

 

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