Doña Miriam, deje esa vaina. Por más que usted y nosotros querramos, la mafia es muy grande. En los gobiernos de Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al menos seis de las instituciones del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, la Justicia, el Metro y sector eléctrico, manipularon contratos de obras, compras fraudulentas y nóminas falsas por más de 48 mil millones, para beneficio de funcionarios del período 2012 al 2020. VEA VÍDEO AQUI…
Las entidades oficiales señaladas en manejaros irregulares de fondos son, la Procuraduría General de la República, Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret); Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), la Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Este es solo un ejemplo de las 366 instituciones, organismos y ayuntamientos que manejaron recursos del Presupuesto Nacional, en el pasado gobierno, y en los cuales la Cámara de Cuentas ha fijado su atención.
El andamiaje de corrupción que operó durante años en estas instituciones supera por 12 % el presupuesto de salud destinado al programa de abastecimiento de medicamentos e insumo sanitarios para hospitales, maternidades y farmacias populares del sistema público de salud, que en 2022 fue de RD$ 4,523 millones 739 mil 784 pesos.
Los datos sobre los recursos afectados aparecen en los informes de la Cámara de Cuentas y en expedientes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que dan seguimientos a estos casos.
Los funcionarios se asociaron con diferentes empresas y compañías suplidoras y contratistas de obras, algunas vinculadas a familiares del expresidente Danilo Medina y de la exprimera dama, Cándida Montilla, con el propósito de timar al Estado mediante adjudicaciones de contratos irregulares y compras sobrevaluadas.
En las investigaciones realizadas por el órgano regulador, unas 47 compañías, algunas sin domicilios y otras carecían de certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, figuran entre las que firmaron contratos aplicando montos superiores a los reales, en perjuicio del patrimonio público.
Las discrepancias detectadas en los procesos de licitación del Ministerio de Salud Pública suman 256 millones 597 mil 167 pesos. Además, las compras irregulares de medicamentos e insumos sanitarios durante la pandemia (COVID 19, agregan otros 49 millones 610 mil 673 pesos sin evidencia, según la Cámara de Cuentas, de documentos justificativos, en la gestión de Rafael Sánchez Cárdena.
En lo que respecta a la Procuraduría General de la República, en el mandato de Jean Alain Rodríguez, la auditoría práctica a la entidad encontró que existen irregularidades en la construcción de obras por la suma de 8,535 millones 985 mil 102 pesos.
También la gestión de Rodríguez arrojó discrepancias financieras en la inauguración y compras de insumos para centros penitenciarios por un monto de 1226 millones 48 mil ,964 pesos. El exfuncionario enfrenta un juicio por delitos de corrupción.
En los procesos de compras y servicios llevados a cabo por la Empresa Distribuidora de electricidad del Este (Edeeste), las sobrevaluaciones de precios y contratos irregulares alcanzaron el monto de 3750 millones 503 mil pesos, según revela la auditoría realiza a la administración de Luis Ernesto de León Núñez, quien figura en el expediente del supuesto fraude eléctrico.
En los expedientes presentados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa en contra de los generales Adán Cáceres Silvestre, exdirector del CUSEP, y Juan Carlos Torres Robiú, exjefe de Politur, la fiscalía estima que se apropiaron 4500 millones del Estado y los convirtieron en bienes personales.
En consecuencia, ambos exfuncionarios cumplieron medidas de coerción de 18 meses en el penal de Najayo hombre, y luego la medida fue cambiada por arresto domiciliario.
El mayor número de irregularidades financieras tuvo lugar en la Oficina Gubernamental para el Reordenamiento del Transporte, en la construcción del Metro de Santo Domingo, donde la Cámara de Cuentas encontró malversación de recursos por más de 30 mil millones de pesos, en la gestión de Diandino Peña.
El exfuncionario de la Opret ha sido investigado por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa en varias ocasiones
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